Las
principales novedades afectan a la previsión de mecanismos que permiten
introducir en la contratación pública consideraciones de tipo social y
medioambiental configurándolas bien como condiciones especiales de
ejecución del contrato o como criterios para valorar las ofertas.
Se
prefigura una estructura que permite acoger en el futuro PAUTAS de
adecuación a los NUEVOS REQUERIMIENTOS SOCIALES:
–A
la acomodación de las prestaciones a las exigencias de un “comercio
justo” con los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
–A
la articulación de un nuevo procedimiento de adjudicación , el diálogo
competitivo, pensado para contratos de “gran complejidad”, en los
que la definición del objeto sólo puede obtenerse a través de la interacción
entre el órgano de contratación
y los licitadores.
–A
la nueva regulación de diversas técnicas para racionalizar las
adquisiciones de bienes y servicios (acuerdos marco, sistemas dinámicos
de adquisición y contratos de compras).
–Asumiendo
la plena inserción de los medios electrónicos, informáticos y
telemáticos en el ámbito de la contratación pública a fin de hacer más
fluidos y transparentes las relaciones entre los órganos de contratación
y los operadores económicos.
